Acuerdo petrolero Venezuela: la concesión a cien años llega 51 años exactos después de la ley que las prohibió

El 28 de agosto de 2026 Donald Trump escribió en mayúsculas "EL MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL" y anunció el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas. Sin coste, dijo, para el contribuyente americano. Puso tres nombres detrás: Marco Rubio, Pete Hegseth y la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Al día siguiente se cumplían 51 años exactos de la Gaceta Oficial Extraordinaria nº 1.769, del 29 de agosto de 1975, firmada por Carlos Andrés Pérez. Aquel texto abolió las concesiones petroleras en Venezuela y creó PDVSA. El anuncio de una concesión a cien años cayó en el aniversario del día en que las concesiones se enterraron.

Eso es lo que casi ningún titular contó. No se ha comprado petróleo: ha vuelto el modelo que aquella ley enterró.

Lo que está confirmado y por quién

La publicación de Trump la citaron literalmente CNN, NPR, NBC, CNBC, PBS, CBS y AP el mismo día. Delcy Rodríguez le agradeció el "histórico acuerdo" y su gobierno puso números: 17 campos, más de 100.000 millones de dólares de inversión privada y 209.000 millones en impuestos.

El mecanismo, según un funcionario de la Casa Blanca citado por MercoPress y por la ABC australiana, no es una compra de reservas. Es una empresa conjunta nueva en la que Estados Unidos se queda el control efectivo del 55 % de la producción, entre acciones en la matriz y derecho a comprar crudo a precio de coste. El operador es una empresa privada domiciliada en Venezuela cuya identidad no es pública. Con 63.000 a 65.000 millones de barriles bajo contrato, el 21 % de las reservas declaradas del país, sería la segunda mayor tenedora corporativa de reservas probadas del mundo, solo por detrás de Saudi Aramco. Del reparto ya hablamos al desglosar quién se queda cada porcentaje.

La cifra de 65.000 millones sale de una declaración, no de una auditoría

Los 65.000 millones son un porcentaje de las reservas oficiales venezolanas: 303.221 millones de barriles según la OPEP, las mayores del mundo, por delante de Arabia Saudí (267.200) e Irán (208.600). Ese total no lo han auditado nunca peritos independientes. Es lo que Caracas declaró. Francisco Monaldi, director del Instituto de Energía de América Latina del Baker Institute (Universidad Rice), sitúa la cifra realista entre 100.000 y 110.000 millones, un tercio de la oficial.

Trump añadió que la operación "MÁS QUE DUPLICA las reservas de petróleo estadounidenses". Contablemente, no. Ni la EIA ni la SEC computan como reservas nacionales el crudo de un tercer país al que una empresa tiene derecho de acceso. Es un balance corporativo presentado como balance de país.

La Constitución, el Parlamento que no votó y dos precedentes caros

El artículo 12 de la Constitución de 1999 declara los yacimientos de hidrocarburos bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles. El 302 reserva al Estado la actividad petrolera. El 151 obliga a que los pleitos sobre contratos de interés público los decidan tribunales venezolanos, y la reforma de 2026 abre la puerta al arbitraje internacional. El 187.9 exige autorización de la Asamblea Nacional, igual que el artículo 33 de la ley de 2001. No consta ninguna votación pública aprobando este acuerdo. La negociación tutelada por Washington que arrancó el 1 de agosto excluía a María Corina Machado y a Edmundo González.

Ricardo Hausmann, de Harvard y exministro de Planificación venezolano, lo resumió así:

Un gobierno interino ilegítimo, con una ley de hidrocarburos ilegítima, carece de legitimidad para cerrar este acuerdo inconstitucional.

La historia ya pasó por aquí. En 2007 Chávez exigió a PDVSA un mínimo del 60 % en la Faja del Orinoco: Chevron aceptó, ExxonMobil y ConocoPhillips se fueron y ganaron en arbitraje. El CIADI concedió 8.700 millones a ConocoPhillips en 2019, y 908 y 1.600 millones a ExxonMobil en 2012 y 2014. Esas deudas siguen sin pagarse enteras.

Los números de la industria no acompañan al relato

En enero de 2026 Darren Woods, consejero delegado de ExxonMobil, describió el país como "no invertible" cuando la Casa Blanca urgió a las petroleras a volver. La producción venezolana rondaba en julio 1,117 millones de barriles diarios según la OPEP, con más de 500.000 yendo a refinerías estadounidenses. El crudo ya llegaba a Texas sin concesión ninguna.

El calendario político sí encaja. La gasolina está a 4,09 dólares el galón frente a 3,21 un año antes, la reserva estratégica quedó mermada por el conflicto con Irán, con el crudo estrangulado desde hace meses en Ormuz, y las elecciones de medio mandato están encima. El Washington Post describe la operación como costosa y jurídicamente precaria, pensada para empujar a unas petroleras reticentes a perforar en zona de riesgo. Choca con el "sin coste para el contribuyente".

Lo que falta por conseguir

Cuatro papeles, no cuatro opiniones. El contrato firmado, con el nombre del operador. El acta de la Asamblea Nacional que lo autorice, si es que existe. La auditoría independiente de reservas que nadie ha hecho en veinte años. Y la decisión de la Sala Constitucional sobre la reforma de enero.

Global Witness calcula que el petróleo y el gas venezolanos pueden dar 150.000 millones de dólares al tesoro del país entre 2026 y 2035, y nadie sabe cuánto llegará ahí con el sector bajo control estadounidense. Queda una pregunta con fecha detrás: si en 1975 hizo falta una ley entera para acabar con las concesiones, ¿qué hace falta para deshacer una firmada por cien años?